Al frente de este centro, donde solo residen varones, está Mahmoud, ingeniero de formación, nacido en la ciudad e hijo de migrantes saharauis. Su historia personal le ayuda a entender la de los chicos que tiene a cargo. Habla de ellos con una cercanía que desarma: “Soy su padre”, afirma, convencido de que su papel no se limita a la gestión. La entrevista llega en un momento especial: su mujer está a punto de dar a luz y él mismo va a estrenar la paternidad. Lo cuenta con naturalidad, consciente de que su vida personal y su trabajo se cruzan en un mismo lugar: la llegada de su hija y el cuidado diario de los menores que tutela.
En esas paredes llenas de mensajes motivadores escritos por los propios niños se condensa la vida de casi un centenar de menores que llegaron solos a Canarias tras cruzar el Atlántico. No hay rejas ni uniformes de vigilancia: hay habitaciones compartidas entre tres chicos y ordenadas con tacto, una biblioteca, una sala de estudio y educadores que intentan que cada jornada se parezca lo más posible a la rutina de cualquier niño. En esas estancias, el personal cuidador se convierte en la única familia posible para quienes perdieron la suya en el camino o la dejaron atrás en el país de origen.
Personal cualificado
El director subraya que todo el personal del centro —desde psicólogos hasta mediadores interculturales, educadores sociales y monitores— ha sido contratado tras un proceso de selección exigente, con contratos que cumplen la normativa laboral y salarios ajustados a la formación requerida en cada categoría profesional. Esa seriedad resulta esencial en un archipiélago que hoy acoge a unos 5.790 menores migrantes no acompañados repartidos en 86 centros, cuando hace apenas unos años funcionaban poco más de treinta. El aumento de llegadas en 2024 obligó a multiplicar los recursos y a habilitar dispositivos de urgencia, lo que ha disparado los costes: Canarias ha reclamado al Estado más de 157 millones de euros para sufragar la atención, una cifra que refleja la sobrecarga de un sistema que ya opera por encima de su capacidad ordinaria.
Mahmoud explica que la infraestructura es adecuada a las necesidades —“33 habitaciones con su propio baño, espacios para estudiar, biblioteca”— pero el verdadero desafío es el personal. “Si hay trabajadores suficientes, los chicos están bien atendidos. El problema es encontrarlos. Estuve dos meses para conseguir un psicólogo. Lo mismo pasa con educadores sociales, mediadores o integradores”. La fundación exige que todo el personal educativo tenga titulación universitaria. “Aquí nadie entra sin cumplir los requisitos. Y la Fiscalía de Menores lo controla: lo primero que preguntan es cuántos educadores sociales tienes y qué contratos tienen. Esa es la garantía”.
Prioridad en la formación y educación
La vida en el centro gira en torno a la formación. Todos los menores están escolarizados: en colegios, institutos o ciclos de formación profesional. Muchos se inclinan por la hostelería —hay acuerdos con cadenas hoteleras— o por talleres de mecánica. El deporte también ocupa un lugar esencial. “Los clubes nos llaman para pedir que no traslademos a un chico en mitad de la temporada, porque ya están integrados en el equipo”, relata el director.
La paga semanal de diez euros, que reciben de la fundación, les da cierta autonomía. “Con eso pueden comprar un bocadillo o unas chucherías. Es importante que se sientan como los demás”. Algunos sorprenden por su madurez. “Tengo un niño de once años que ahorra sus diez euros y los envía a su familia en África. Ese nivel de responsabilidad a esa edad lo dice todo”.
Los conflictos existen, pero Mahmoud los enfrenta con paciencia. “Un chico puede romper una puerta por rabia, pero detrás hay hambre, ansiedad o soledad. Basta con sentarse cinco minutos a escucharlo para calmarlo. Nuestro papel es entender de dónde viene ese dolor”.
El momento más crítico llega cuando cumplen 18 años. “Legalmente tienen que salir. Contamos con un plazo de tres meses para buscarles recursos. Si tienen familia en la península, la fundación les paga el billete. No podemos dejarlos en la calle, pero es una situación difícil. Si no encuentran apoyo, corren el riesgo de quedar desamparados”.
Sobre el clima social, admite que algunos chicos narran experiencias dolorosas. “Dicen que en Europa el blanco siempre está por encima del negro. Esa idea les duele, pero no hay menores problemáticos por naturaleza: cada uno trae consigo un problema, una historia detrás. No se les puede criminalizar”. Y añade: “Canarias es una tierra de acogida, yo lo he vivido así en mi propia experiencia de vida”.
Las inspecciones son constantes: listados semanales de menores, revisión anual de proyectos educativos individualizados y expedientes actualizados cada seis meses. “El control es continuo”, asegura. Lo mismo que los traslados a la península, siempre voluntarios. “Antes de salir, se hace una entrevista y el propio menor firma una comparecencia. Algunos quieren irse porque tienen familia; otros prefieren quedarse porque ya estudian o han echado raíces. Lo importante es velar por su interés”.
El director rechaza los discursos que señalan a los centros como focos de inseguridad. “Tú puedes ver esta calle. La gente pasa y ni siquiera se detiene a mirar que aquí viven chicos tutelados. Llevamos dos años instalados y no ha habido ni un solo problema en el vecindario”. Para él, los estigmas difundidos desde la política o las tertulias televisivas no tienen nada que ver con la vida real que se desarrolla puertas adentro. “Son adolescentes con rutinas normales: van a clase, hacen deporte, salen con amigos. No hay diferencia con cualquier otro joven de su edad”.
Consecuencias de los traslados
Estos días el foco mediático está puesto en los más de 3.000 menores que deberán ser trasladados desde Canarias a la península. Mientras tanto, la clase política convierte a esos niños en munición electoral. El conflicto por los solicitantes de asilo llegó hasta el Tribunal Supremo. En marzo, el Alto Tribunal ordenó al Gobierno central hacerse cargo de ellos en un plazo de diez días. La resolución fue ignorada durante meses. El Supremo reprochó al Ejecutivo su falta de diligencia y advirtió de que las solicitudes de asilo se prolongaban más de un año sin respuesta.
El Gobierno alegó falta de plazas específicas, reconociendo que solo disponía de 45 y que preparaba a contrarreloj otras 150. Para los jueces, las justificaciones eran “claramente insuficientes”. La consecuencia fue un “incumplimiento evidente” de la orden. Solo cinco meses después comenzaron los primeros traslados, cuando la presión institucional obligó al Ejecutivo a cumplir.
En este contexto, el decreto de contingencia migratoria obligará a todas las comunidades a acoger menores en sus territorios. El Gobierno lo tiene claro: las autonomías deberán cumplir la ley, aunque varios gobiernos han anunciado recursos contra el decreto. Mahmoud explica que en el centro ya se preparan para esa fase y deja claro que nunca se actúa por imposición: “Siempre se respeta la voluntad del menor. Antes de un traslado se hace una entrevista y se firma una comparecencia. Algunos quieren marcharse porque tienen familia o contactos en la península; otros prefieren quedarse porque aquí han empezado a construir su vida”.
Lo dice con ejemplos: adolescentes en ciclos de formación profesional, jugadores de fútbol federado, jóvenes con amistades consolidadas, incluso con pareja, o muchachos que ya han empezado prácticas laborales. “Imagínate lo que significa para un chico que lleva dos años aquí y de repente lo sacas de ese entorno. Para él, Canarias ya es su vida. No puedes arrancarlo de golpe. Cada caso se analiza individualmente y la decisión final siempre debe mirar por el interés del menor”.
La visita termina cuando los menores empiezan a regresar. Desde la puerta, se ve a uno de ellos entrar tras su jornada. Saluda brevemente al director y sigue hacia dentro, como quien vuelve a un lugar propio. Esa escena sencilla, sin solemnidad, refleja la vida cotidiana de este recurso: un espacio donde los chicos que llegaron solos encuentran una rutina estable y la compañía que necesitan para crecer.
“Cada uno tiene una historia diferente, bienvenidos a la nuestra”. La frase escrita en la pared acompaña la despedida de este hogar donde los chicos han encontrado comprensión, afecto y seguridad. Cuando les toque partir hacia otras ciudades o pueblos de la península, esperan que se les mire sin prejuicios y que se les permita vivir como lo que son: niños y niñas que buscan un lugar donde crecer y ser felices, lejos del estigma y de los discursos que intentan criminalizarlos. Porque detrás de cada uno no hay números ni expedientes, sino historias de pérdida y resistencia: niños que han visto morir a sus padres en la travesía, adolescentes que dejaron aldeas remotas para ayudar a los suyos, menores que han cruzado solos un océano cargando con una madurez forzada. Vidas que hablan de dolor, pero también de la fuerza de sobrevivir y empezar de nuevo en un lugar extraño.