Un joven de 20 años, natural de Guinea Conakry y residente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, ha sido condenado por una agresión sexual cometida el pasado sábado 26 de julio contra una enfermera del departamento sanitario del centro. El agresor, que llevaba apenas diez días en la ciudad autónoma, había ingresado en el CETI tras resultar herido al saltar la valla fronteriza entre Marruecos y España. Fue atendido en el Hospital Universitario y trasladado al centro con un tratamiento farmacológico prescrito.
Según ha podido confirmar Artículo14, la víctima, profesional del servicio sanitario externalizado por la empresa EULEN, ya había atendido al joven en otras ocasiones y no había detectado un comportamiento extraño en visitas anteriores. El día de la agresión, al acudir a su habitación para administrarle una inyección, el joven adoptó una actitud abiertamente sexual, frotando sus genitales contra la camilla y negándose a colaborar. La enfermera le pidió entonces que se incorporara para poder aplicarle el inyectable en posición erguida. Fue en ese momento cuando el residente comenzó a tocarse los genitales y se dirigió a ella con expresiones sexuales, llegando a sujetarla del brazo e intentar forzarla hacia la cama. Un testigo que acudió tras ser alertado por la víctima constató que el residente presentaba una erección.
No se activó ningún protocolo
El incidente fue inmediatamente comunicado a seguridad. Sin embargo, según relata la víctima, la dirección del centro no activó ningún protocolo específico ni tomó medidas inmediatas. Ante la falta de actuación, fue la propia enfermera quien se vio obligada a llamar a la Policía Nacional. Los agentes se presentaron en el CETI, detuvieron al agresor y formalizaron el procedimiento.
El domingo 27 de julio se celebró un juicio rápido, en el que el joven fue condenado por un delito de coacciones y un delito leve de lesiones. El fallo impone una orden de alejamiento de dos años respecto a la víctima, su lugar de trabajo y su entorno habitual.
Los hechos
Artículo 14 ha tenido acceso al testimonio de la trabajadora agredida CETI de Ceuta:
En la noche del sábado 26 de julio, alrededor de las 22:00 horas, una trabajadora del departamento sanitario accedió a una de las habitaciones para administrar un inyectable prescrito por el médico a un residente ingresado. Al informarle de que iba a proceder con la medicación, el residente se tumbó boca abajo y comenzó a moverse de un lado a otro. La sanitaria le sugirió entonces colocarse de pie, apoyado con las manos en la cama, para facilitar la técnica. Él le pidió que cerrara la puerta y, con el fin de preservar su intimidad, ella la dejó entreabierta, no sin antes avisar a seguridad para que permaneciera atenta.
Al acercarse de nuevo para administrar la medicación, el residente respondió con un “no, ponte tú”, le agarró fuertemente de la muñeca e intentó tirar de ella hacia la cama. La trabajadora consiguió soltarse de inmediato. En ese momento, el residente se sentó en la cama con los pantalones medio bajados, se tocó sus genitales y le dijo: “mira”.
La profesional abandonó la habitación de forma inmediata, visiblemente alterada, y se dirigió a una compañera de seguridad para solicitar que avisara al jefe de equipo. Informado de lo sucedido, el responsable de seguridad se dirigió al despacho del director del centro, Antonio Bautista, quien acudió posteriormente a la enfermería. Primero accedió a la habitación del residente y luego se acercó a la trabajadora para indicarle que debía presentar una denuncia. Tras ello, ordenó el traslado del residente a otra zona del centro, sin que se activara ningún protocolo específico ni se adoptaran medidas adicionales inmediatas por parte de la dirección.
Más tarde, el director regresó a la enfermería acompañado por una traductora, el residente y un amigo de este, con el fin de recoger sus pertenencias. Antes de abandonar el centro, el director trasladó a la trabajadora que el residente había manifestado, a través de la traductora, que en el momento del incidente se encontraba acompañado por un amigo. La trabajadora desmintió con firmeza esa versión, subrayando que ambos estaban completamente solos y que, desde el momento en que abandonó la habitación, una vigilante permaneció pendiente del cuarto, sin que nadie entrara ni saliera. Minutos después, dos agentes de seguridad accedieron a la habitación y comprobaron igualmente que el residente seguía solo.
Este intento de modificar los hechos a través de una versión alternativa transmitida por el propio residente generó en la trabajadora una profunda sensación de desprotección.
A las 00:10 horas, ante la inacción de la dirección del centro, fue ella misma quien contactó con la Policía Nacional. Los agentes se personaron de inmediato, procedieron a la detención del agresor y tomaron declaración de lo ocurrido. Siguiendo las indicaciones policiales, la trabajadora acudió esa misma noche a comisaría para formalizar la denuncia, y posteriormente a urgencias, donde se le extendió un parte de lesiones por el hematoma visible en el antebrazo que presentaba como consecuencia de la agresión.
El domingo 27 de julio se celebró un juicio rápido. El residente fue condenado por un delito de coacciones y un delito leve de lesiones. Como resultado de la sentencia, se dictó una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a la víctima, a su lugar de trabajo —esté ella presente o no— o a cualquier lugar que frecuente, a menos de 100 metros, durante un periodo de dos años por el delito de coacciones, y de cuatro meses por el delito leve de lesiones.
Trabajadores del CETI cuestionan la actitud del director tras la agresión y denuncian un trato preferente hacia algunos residentes
Más allá de la agresión sufrida por la enfermera en el departamento sanitario, el incidente ha vuelto a poner el foco sobre la gestión interna del CETI de Ceuta y, en particular, sobre el comportamiento del director del centro, Antonio Bautista. Según ha podido saber Artículo 14, varios trabajadores han trasladado quejas formales contra el jefe del recurso por su actitud hacia el personal y por su tolerancia con determinados comportamientos de los residentes.
Fuentes internas del centro aseguran que el trato del director hacia los trabajadores deja mucho que desear. Describen un clima de tensión persistente, donde se cuestiona con frecuencia la autoridad del personal técnico y de seguridad, y se favorecen actitudes de permisividad que dificultan el cumplimiento de las normas básicas de convivencia.
El director opta por minimizar los conflictos
“Trata a los residentes con unos privilegios que no son adecuados a las normas que siempre se han respetado aquí”, afirma una de las personas consultadas. El personal denuncia que, ante situaciones problemáticas o conductas reiteradas que vulneran el reglamento interno, el director opta por minimizar los conflictos o desautorizar las recomendaciones del equipo laboral.
Un ejemplo concreto que genera malestar entre los trabajadores es la permisividad con el consumo de tabaco dentro de las habitaciones, una práctica expresamente prohibida en las normas del centro. El CETI cuenta con espacios donde llegan a dormir hasta diez personas en condiciones muy reducidas, lo que hace que el humo —“y no solo de tabaco”, según precisan— se convierta en una molestia grave para residentes que han presentado quejas formales. “Hay personas que duermen entre humos en espacios cerrados. Nadie actúa. Y cuando lo intentas frenar, te responden que no tienes autoridad para sancionar nada sin el visto bueno del director”, señala otro trabajador.
Los testimonios recogidos coinciden en señalar que el director muestra más interés en evitar conflictos con los residentes que en proteger al equipo profesional, incluso cuando se trata de situaciones de riesgo o de incumplimientos repetidos del reglamento. La agresión a la enfermera habría evidenciado, según estas voces, la falta de reacción estructural ante un hecho gravísimo: “No activó ningún protocolo. No se protegió a la víctima. Y horas después, todavía estaba transmitiendo la versión del agresor como si fuera cierta”, recuerdan con indignación.
“Hay compañeras que no se sienten seguras”
Machismo estructural, desprotección institucional y una sentencia sin perspectiva de género
La agresión sufrida por la enfermera ha vuelto a sacar a la luz no solo fallos estructurales en la gestión del CETI de Ceuta, sino también un contexto de normalización de actitudes machistas hacia las trabajadoras por parte de algunos residentes. Según ha declarado a Artículo 14 una fuente directa del centro, “no es un caso aislado”, y existen antecedentes de conductas sexistas, insinuaciones y faltas de respeto hacia el personal femenino por parte de ciertos internos, sin que estas actitudes hayan sido debidamente corregidas.
La misma fuente subraya que no solo el personal de EULEN ha denunciado estos comportamientos, sino también trabajadoras de organizaciones no gubernamentales que operan dentro del centro a través de convenios y contratos gestionados por la Secretaría de Estado de Migraciones. “Hay compañeras que no se sienten seguras, y no se han tomado medidas preventivas. Se nos pide aguante, pero no se nos protege”, añade.
Volviendo al caso concreto de la agresión, fuentes policiales han confirmado a Artículo 14 que fueron los propios agentes de la Policía Nacional quienes animaron a la víctima a presentar denuncia no solo contra el agresor, sino también contra el centro, la empresa adjudicataria y el director, Antonio Bautista. Los agentes —que se personaron en el CETI tras la llamada de la víctima— habrían detectado una falta absoluta de respuesta institucional ante lo ocurrido.
Según ha podido saber este medio, la enfermera acudió al juicio rápido sin apenas haber descansado, tras salir de su turno de trabajo a las ocho de la mañana del domingo. Durante la vista, se derrumbó emocionalmente al relatar los hechos. No obstante, el juzgado no calificó en ningún momento la agresión como delito sexual, y el residente fue condenado únicamente por coacciones y lesiones leves, sin que se considerara jurídicamente la motivación sexual del ataque.
Una posible dejación de funciones
Fuentes policiales trasladan a este medio su preocupación por la interpretación judicial del caso, y apuntan que podría haberse producido una banalización de los hechos al no valorarse como una agresión sexual en sentido estricto, a pesar del contexto, el comportamiento del agresor y el testimonio de la víctima. “No todo delito sexual implica violencia física directa. Aquí hubo una clara conducta de intimidación sexual, exhibición y tocamientos con propósito explícito”, señalan.
Además, desde la propia Policía se advierte que el director del centro podría haber incurrido en una presunta falta grave por dejación de funciones, al no activar ningún protocolo ni ofrecer una respuesta inmediata a la víctima. Su decisión de transmitir la versión del agresor como alternativa plausible y de no proteger activamente a la trabajadora, pese a la gravedad de los hechos, refuerza —según estas fuentes— la impresión de que se intentó minimizar lo ocurrido desde la dirección.
La agresión sufrida por la enfermera se produce tan solo unas semanas después de que la Secretaría de Estado de Migraciones impulsara, en coordinación con ACNUR, una formación específica para el personal del CETI sobre el protocolo de actuación en casos de acoso y violencia de género en los centros de acogida. La iniciativa, concebida como parte de un plan de sensibilización y prevención institucional, contrasta con la falta de respuesta inmediata ante este caso concreto, en el que no se activó ningún mecanismo oficial de protección para la trabajadora agredida, pese a la existencia de herramientas recientemente reforzadas para tal fin.
Según ha podido confirmar Artículo 14, tras la sentencia condenatoria contra el residente de origen guineano —que incluyó una orden de alejamiento de la víctima y su expulsión del centro—, el propio director gestionó su alojamiento en un hostal cercano, sin saber si se están usando fondos públicos para costear ese alojamiento o lo está pagando el mismo de su propio bolsillo.
Esta decisión ha sido calificada por parte del personal como “otra de las excentricidades” que el director se permite en nombre de una supuesta protección humanitaria, incluso después de que el joven haya sido condenado por coacciones y lesiones contra una trabajadora sanitaria. “No se le puede proteger más que a la víctima, y eso es exactamente lo que ha vuelto a ocurrir”, afirma un profesional del CETI con conocimiento directo del caso.
El director, un exguardia civil, ha sido objeto de críticas internas por actitudes reiteradas de trato desigual hacia los residentes y desautorización constante del personal laboral. Su decisión de sufragar el alojamiento del agresor tras su salida forzosa del CETI ha sido interpretada por varios empleados como una muestra más de su alineamiento con determinados internos, incluso cuando existen sentencias condenatorias por actos violentos o de carácter sexual.
“No se trata de humanidad, sino de una desprotección flagrante de quienes trabajamos dentro del centro”
Fuentes del entorno señalan que no consta autorización formal ni procedimiento reglado para el uso de fondos del centro en beneficio de personas expulsadas por resolución judicial. Tampoco se ha informado oficialmente sobre si dicha acción ha sido comunicada a la Secretaría de Estado de Migraciones, responsable última de los recursos y de los contratos vinculados al sistema de acogida. Para el personal, la decisión supone una línea roja que no debería haberse cruzado: “No se trata de humanidad, sino de una desprotección flagrante de quienes trabajamos dentro del centro”, apunta una trabajadora que pide anonimato.
El año pasado, durante la visita de la titular de la Secretaría de Estado de Migraciones a la isla de El Hierro, Pilar Cancela atendió brevemente a los medios que cubríamos el acto institucional. En ese momento acababa de tomarse la decisión de nombrar a Antonio Bautista, ex capitán de la Guardia Civil en Melilla, como director del CETI de Ceuta. Le preguntamos a la señora Cancela si no existía un perfil más adecuado para dirigir un centro que acoge a personas en situación de vulnerabilidad extrema. Visiblemente incómoda por la pregunta, la secretaria respondió que se trataba de “una persona totalmente cualificada” y que su perfil en el CETI “no tenía nada que ver con la seguridad”.
Artículo 14 se ha puesto en contacto tanto con la Secretaría de Estado de Migraciones como con la Delegación del Gobierno en Ceuta para recabar su valoración sobre lo ocurrido y conocer si se ha abierto alguna investigación interna, pero ninguna de las dos instituciones ha ofrecido respuesta hasta el momento. Por su parte, la empresa EULEN, adjudicataria del servicio sanitario en el CETI y empleadora directa de la víctima, no ha emitido comunicado alguno de apoyo a la trabajadora agredida, ni ha confirmado si adoptará medidas en relación con la falta de protección sufrida durante el ejercicio de sus funciones.