El pasado 18 de septiembre, las mujeres víctimas de violencia de género tuvieron conocimiento de un problema en la migración de datos de las pulseras antimaltrato Cometa, que tuvo como consecuencia la “absolución de maltratadores”. Esta situación, que venía arrastrándose desde el mes de febrero, se mantuvo oculta por el Ministerio de Igualdad. Y así habría permanecido de no ser por la publicación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado. La crisis de las pulseras Cometa se saldó con el anuncio de una investigación interna y la decisión de la ministra de no dimitir. Según reiteró en las semanas posteriores, se ha hecho un excelente trabajo para “salvar vidas”.
Ayer, cuando aún no habían transcurrido dos meses, el Ministerio de Igualdad -aprendida la lección- alertó de un nuevo fallo en el sistema que gestiona la UTE Vodafone-Securitas. En un comunicado, difundido a media tarde, el departamento que lidera Ana Redondo admitió una caída del sistema durante unas horas. La incidencia dejó a las víctimas desprotegidas y obligó a activar el protocolo de emergencia. Según los últimos datos, en septiembre de 2025 había 4.511 dispositivos activos.
Más de diez horas
Por la noche, en un nuevo comunicado, el Ministerio aportó más detalles. La incidencia se detectó en la madrugada del martes, a las 4:30 horas, y el sistema se estabilizó hacia las 15:00 horas. Durante más de diez horas, Cometa estuvo desconectado y no fue hasta las 17:25 horas -hora aproximada del primer comunicado- cuando se recuperó la normalidad y se restableció la recepción de los datos en tiempo real.
La situación obligó a constituir un comité de crisis en las instalaciones de Cometa en Madrid. Lo ocurrido vuelve a poner de manifiesto que el sistema presenta fallos y que el Ministerio de Igualdad no ha revisado las medidas para garantizar la seguridad de las víctimas. El departamento sigue sin convocar el concurso para la gestión de las pulseras antimaltrato, a pesar de que el contrato actual vence en mayo de 2026 y de que, si se siguiera el patrón previo, la licitación debería haberse publicado ya en verano.
¿Cómo han quedado las víctimas?
Ana Redondo: "Quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento. Los protocolos han funcionado. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han estado garantizando la seguridad de las víctimas, a las que se ha informado de inmediato”. pic.twitter.com/BuV69jC1Ta
— Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) November 11, 2025
Como reconoció la propia ministra en un videocomunicado, “es posible que el sistema tecnológicamente pueda fallar, pero lo que no fallan son los protocolos”. Según explica una experta en violencia de género, una incidencia de este tipo deja a las mujeres desprotegidas y sin información sobre dónde se encuentra su maltratador. Por eso, el Ministerio tuvo que activar los servicios de emergencia. La incidencia no afectó al botón del pánico ni a las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth.
Según afirmó la ministra, “todo el sistema Cometa ha funcionado correctamente en cuanto que los protocolos se han puesto en marcha. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han estado en todo momento garantizando la seguridad de las víctimas y estas han tenido información y conocimiento de la situación”. El aviso a las usuarias del servicio consistió en mensajes de texto. Sin embargo, este medio ha podido confirmar que no todas las víctimas fueron alertadas de forma proactiva.
El alcance de la caída del sistema llevó a Ana Redondo y a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, a personarse en la Sala Cometa, “para conocer de primera mano la evolución de la incidencia”.
¿Por qué ha fallado el sistema?
Según la información trasladada por Igualdad, se produjo una sobrecarga que provocó la caída de sistema. El origen fue un enrutador que distribuye a las plataformas los mensajes en función del tipo de alerta. “Aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema”, explicó el ministerio. Es decir, una parte del tráfico de datos se procesó de forma incorrecta, lo que impidió que el enrutador encargado de su gestión pudiera procesarlos adecuadamente.
De forma más o menos sutil, Redondo endureció su mensaje frente a los responsables del servicio: “Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio. Además, investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas”. Fuentes de la UTE que gestiona el servicio rehusaron hacer comentarios y se remitieron al comunicado del Ministerio.
Un concurso más difícil
Este nuevo fallo del sistema complica aún más la convocatoria pendiente para la gestión de las pulseras Cometa a partir de mayo del próximo año. Para los eventuales interesados, e incluso para el propio Ministerio, el tiempo juega en contra. El foco puesto sobre el sistema obligará a elaborar unos pliegos técnicos más complejos, con el objetivo de evitar futuras incidencias. A su vez, la propia naturaleza del contrato puede resultar desincentivadora, dada la elevada responsabilidad que asume el adjudicatario.
Tal y como adelantó Artículo14, la intención de Igualdad es ampliar la duración del contrato e incluir la posibilidad de prórroga: será por tres años, con opción de dos prórrogas adicionales de un año cada una. El contrato actual, valorado en 35,22 millones de euros (sin IVA), tiene una duración de 30 meses. En la última convocatoria, solo se presentó una candidatura: la UTE formada por Vodafone y Securitas. La licitación de 2023 marcó un cambio profundo en la forma en que el Ministerio de Igualdad gestiona el seguimiento telemático de agresores. El Departamento -entonces bajo la dirección de Irene Montero- decidió abandonar el modelo de pago por uso y apostar por la adquisición directa de pulseras y la contratación de su gestión. Con ello, al término del contrato vigente, Igualdad dispondrá de más de 11.300 dispositivos, tras una inversión total de 7,9 millones de euros.
A la espera de las explicaciones de Ana Redondo -a petición propia- en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados, lo ocurrido vuelve a poner en entredicho no solo la fiabilidad del sistema, sino la capacidad de Igualdad para tomar medidas y evitar sus fallos.
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