Con el recrudecimiento de la movilización social este mes –el movimiento “Bloqueemos todo” del pasado miércoles y la convocación sindical a la huelga el próximo 18– el recién investido primer ministro Sébastien Lecornu ha entrado en terreno minado. Con apoyos insuficientes en la Asamblea Nacional y nombrado después de tres Jefes de gobierno que no duraron un año, tiene el reto de estabilizar el país, aún más después de la degradación de la deuda financiera francesa, este viernes por parte de Fitch. Para ello, deberá “reanudar el diálogo social”, según su colega de partido, la diputada Eléonore Caroit.
A François Bayrou, que cayó tras una fracasada moción de confianza, muchos adversarios -y ciertos aliados- lo acusaron de aislarse y no escuchar las demandas sociales. “La ira en las calles es en muchos aspectos legítima, pero hay que saber interpretarla”, considera la vicepresidenta de Asuntos Extranjeros en la Asamblea, en alusión a la heterogénea y a veces incompatible oposición, que va de la izquierda anti-liberal a la derecha ultranacionalista. De ahí la importancia de identificar interlocutores con propuestas claras, como los sindicatos, para entablar un diálogo, sostiene.
Talón de Aquiles
El presupuesto sigue siendo el talón de Aquiles del próximo gobierno, que tendrá hasta mediados de octubre para enviar su proyecto a la Asamblea. Con fines de equilibrar la deuda pública (113 % del PIB) y evitar así nuevos cortes en la calidad crediticia del país, el exministro de Defensa necesitará elegir dónde aplicar los recortes. “Habrá que romper con lo establecido, y no solo en la forma y en el método, sino también en el fondo”, adelantó Lecornu durante la ceremonia de traspaso de poderes, criticando veladamente la manera de gobernar de su antecesor Bayrou.
El objetivo del anterior primer ministro de recortar unos 44.000 millones de euros en el presupuesto de 2026 no era, de acuerdo con Caroit, una propuesta de austeridad. La diputada, uno de los nuevos rostros que el movimiento de Emmanuel Macron trajo a la primera línea de la política francesa, explicó que ese plan “preveía un gasto público considerable”, al mismo tiempo que se planteaba una “trayectoria más equilibrada para poder seguir realizando inversiones públicas, en particular en la transición ecológica y en la seguridad”. Sin embargo, medidas como la supresión de dos días festivos o la disminución del reembolso de los medicamentos por parte de la seguridad social dispararon las críticas.
Reforma de pensiones y imposición a grandes fortunas
En el pulso, es probable que la reforma de las pensiones y la imposición a los altos patrimonios vuelvan al centro del debate, todavía más si Lecornu pretende ampliar la base parlamentaria. En 2023, la entonces primera ministra Élisabeth Borne utilizó el polémico artículo 49 de la Constitución para hacer pasar la reforma sin votación. Con ello, la edad de jubilación subió de 62 a 64 años, gradualmente. Este se trata de uno de los temas más inflamables para la oposición.
En lo que toca los esfuerzos conjuntos para equilibrar la deuda, en la elaboración del presupuesto se plantearon distintas propuestas de imposición de grandes fortunas. Ninguna de ellas, sin embargo, tuvo el calibre de la llamada “tasa Zucman”, un impuesto anual mínimo del 2 % sobre el patrimonio de los ultra ricos (quienes posean más de 100 millones de euros). Aprobado por 116 votos a favor y 39 en contra (la extrema-derecha se abstuvo), el proyecto de ley ha sido bloqueado en el Senado, controlado por una mayoría de centro-derecha.
El tiempo para hallar una solución apremia. Francia fue sancionada el viernes por Fitch, que recortó su nota un escalón (de AA- a +A), precisamente por la incapacidad de controlar los gastos públicos por parte de la segunda economía europea debido a la inestabilidad política. Ese castigo podría encarecer el acceso de Francia a los mercados, lo que degradaría aún más las finanzas públicas.
¿Elecciones anticipadas?
Ante el descontento social y la ingobernabilidad del hemiciclo, los pedidos por unas legislativas o presidenciales anticipadas se multiplican en el bloque de izquierda y en los ultras de Marine Le Pen. Caroit prefiere ser cauta. “Hay que apaciguar y crear legitimidad mediante la composición [del gobierno] y el compromiso en la Asamblea Nacional, en lugar de lanzarse a una huida hacia adelante”, que, en su opinión, “no resolvería la actual crisis”.
Según la diputada, la nueva hoja de ruta debe integrar propuestas de otros grupos políticos. ¿Pero cuáles grupos? Los 124 diputados del derechista Agrupación Nacional o los 192 de la izquierda amplia? La diputada electa por la circunscripción de Latinoamérica parece convenir un diálogo más a la izquierda del espectro político, especialmente con los 66 diputados del Partido Socialista (PS).