Cuando cae la noche, emergen sombras que rara vez se nombran. Detrás de pisos discretos, locales de fachada inocua y clubes que venden placer pero esconden dolor, se mueven vidas ocultas. Son mujeres -y algunas personas más- invisibilizadas, apenas registradas en la fría contabilidad de las estadísticas. Lo que se oculta tras esas cifras no son números: son cientos de sufrimientos acumulados, miles de historias fracturadas y apenas destellos que permiten asomarse a una realidad tan presente como esquiva.
Un retrato oficial escueto
En 2024, las autoridades identificaron a unas 8.000 personas ejerciendo la prostitución en clubes, prostíbulos y locales encubiertos. La cifra procede de unas 1.700 inspecciones policiales, con un promedio de cinco detecciones por establecimiento revisado. Siete años antes, en 2017, se habían contabilizado más de 10.000 casos; la irrupción de la pandemia redujo el número a unos 3.800 en 2020, pero desde entonces las cifras no han dejado de crecer de manera sostenida.
Sin embargo, esos 8.000 registros representan sólo la superficie visible del problema. Son la punta de un iceberg que esconde mucho más: no recogen a quienes ejercen en pisos privados, apartamentos turísticos ni en los espacios difusos de internet, donde los anuncios, perfiles y redes cambian a gran velocidad. Los investigadores coinciden en que ese universo paralelo concentra una parte aún mayor del mercado sexual, pero sigue siendo un territorio casi inmedible, fuera de los radares oficiales.
Orígenes: de dónde vienen quienes ejercen
La mayoría de las personas identificadas son extranjeras, y más del 60 % procede de América Latina: alrededor de 4.500 casos. Colombia encabeza la lista con casi 2.000 mujeres, una cifra que se ha triplicado desde 2017. Le siguen Venezuela, Paraguay, Brasil y República Dominicana, que conforman un bloque de presencia significativa. Entre las europeas, además de las españolas, las rumanas ocupan un lugar destacado. Y aunque en menor número, también aparecen mujeres de China, Marruecos o Nigeria, cuya presencia no es anecdótica.
Buena parte de estas mujeres vive en situación administrativa irregular, lo que las coloca en una posición de extrema vulnerabilidad. Otras llegaron atraídas por falsas promesas de empleo y acabaron atrapadas en redes de trata, donde las deudas impuestas funcionan como cadenas invisibles que perpetúan la explotación.
Dónde se localiza más
Castilla y León encabeza la lista: en 2024 se registraron casi 39 personas identificadas por cada 100.000 habitantes, más del doble de la media nacional, que ronda las 16. Le siguen Extremadura y Baleares, ambas con tasas superiores a 30 por cada 100.000.
En cifras absolutas, el peso recae en las comunidades más pobladas. Andalucía suma alrededor de 1.800 casos, seguida por Castilla y León (930), la Comunidad Valenciana (830) y Madrid, con algo más de 700. La capital, sin embargo, muestra una trayectoria especialmente llamativa: tras superar las 1.100 identificaciones en 2017, se desplomó durante la pandemia, para después repuntar con fuerza, hasta multiplicar por cuatro sus cifras en los últimos cuatro años.
Derechos arrebatados
No todas las personas identificadas ejercen por voluntad propia; una parte importante son víctimas de trata o de explotación sexual. Los datos más recientes lo confirman: en 2024 se contabilizaron 256 víctimas de trata con fines sexuales y 376 de explotación sexual. Ambas cifras se sitúan por debajo de los picos de 2019, cuando se alcanzaron casi 300 casos de trata y cerca de 650 de explotación.
El perfil más repetido es el de mujeres extranjeras jóvenes, con edades entre los 23 y 27 años, muchas de ellas en situación irregular y captadas mediante engaños que luego desembocan en coerción y control. Aunque menos visibles, también hay hombres -14 en 2024- y menores de edad -16 casos registrados-, la mayoría niñas.
Quienes detienen y quienes delinquen
Sólo en 2024, el sistema judicial registró la detención de 300 personas por trata con fines sexuales y de otras 225 por explotación sexual. El perfil predominante en los casos de trata corresponde a hombres españoles de entre 28 y 37 años. En cambio, en los delitos de explotación la fotografía es distinta y más inesperada: más de la mitad de los arrestados son mujeres, en su mayoría españolas de más de 53 años.
Lo que las cifras no cuentan
Las estadísticas oficiales sólo reflejan lo que se inspecciona o investiga. Quedan fuera la prostitución que se organiza en el entramado digital, los anuncios que aparecen y desaparecen con rapidez, los pisos que cambian constantemente de ubicación o los clubes clandestinos que nunca son revisados. También permanecen invisibles las mujeres que no denuncian ni buscan apoyo en ONG o instituciones. Esa opacidad es un terreno fértil para las redes de explotación: dificulta la protección de las víctimas y complica el diseño de políticas públicas realmente eficaces.
El dilema legal y político
En España, la prostitución como práctica no está prohibida, aunque sí lo están las actividades vinculadas al proxenetismo y a la trata de personas. El Gobierno trabaja actualmente en un anteproyecto de ley de carácter abolicionista, que contempla sanciones para los clientes y un endurecimiento de las penas contra los proxenetas. Paralelamente, se impulsa la eliminación de la prostitución de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), con el objetivo de dejar claro que no puede considerarse una actividad económica legítima ni normalizada.
Cuerpos que sufren
Detrás de cada cifra hay cuerpos que sienten y que sufren. Mujeres jóvenes -y algunas menores- migrantes que dejan atrás su país con la esperanza de una vida mejor; mujeres atrapadas por deudas, por miedo, por violencia. Estas historias suelen entrelazarse con el racismo, la precariedad, la falta de alternativas económicas y el trauma acumulado.
A esto se suma la invisibilidad institucional: la falta de datos sistemáticos y actualizados, redes de explotación que permanecen fuera del radar y servicios sociales que no llegan a las víctimas o que lo hacen demasiado tarde.
La prostitución en España no puede seguir siendo un limbo donde los derechos de quienes la ejercen -o son obligadas a hacerlo- no importan lo suficiente. Los más de 8.000 identificados representan únicamente a quienes han sido detectados en inspecciones; los miles, quizá decenas de miles, que operan fuera del radar permanecen sin voz ni protección. Romper ese silencio requiere datos sólidos, leyes con perspectiva de género y medidas que reconozcan la diversidad de experiencias: de quienes son explotadas, de quienes ven vulnerados sus derechos y de quienes podrían ser realmente protegidas.
Porque de nada sirve un anteproyecto de ley si sus efectos no alcanzan a quienes más lo necesitan.