El Gobierno parece quedarse sin argumentos para rechazar la continuidad de Almaraz. En Europa ya consideran la nuclear como energía renovable, la presión regional sigue en aumento y, ahora, el pretexto de que las eléctricas eran las responsables del cierre al no haber presentado un plan de continuidad conjunto se diluye como un azucarillo. Iberdrola, Endesa y Naturgy, principales propietarias de la central, han acordado trabajar de manera coordinada para remitir “cuanto antes” al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) la solicitud formal de prórroga. El escrito se espera que se presente antes de que finalice este mes.
El movimiento, previo a la entrega de documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), allana el camino hacia una posible ampliación de la vida útil de la instalación extremeña.
La reciente postura surge después de meses de tensiones y comunicaciones intermitentes entre las eléctricas y el ministerio dirigido por Sara Aagesen. Uno de los principales escollos estaba en los incentivos. Las tres gestoras de la planta habían reclamado al Gobierno algún tipo de beneficio fiscal para sus centrales nucleares. Y argumentaban que la operación de estas instalaciones resulta “económicamente insostenible” debido a las cargas impositivas que gravan esta tecnología.
Intereses alineados
Aunque durante estos meses las compañías no siempre han mostrado una postura completamente coordinada, ahora se espera que actúen al unísono. El acuerdo se materializó en el día de ayer durante la reunión de la junta de administradores de Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT), donde Iberdrola controla el 53% del capital, Endesa el 36% y Naturgy el 11%. Desde la energética vasca reafirmaron su “compromiso con la extensión de la vida del reactor“. Y subrayaron que la instalación “mantiene las perfectas condiciones técnicas”, tal y como reconoció recientemente la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés), al otorgar al complejo el nivel de excelencia.
Tanto Iberdrola como Endesa han defendido públicamente la continuidad de las nucleares, siempre que “existan las condiciones adecuadas“. Y argumentan que ello ofrece “ventajas económicas para los consumidores, seguridad de suministro y garantía estratégica de autonomía del país”.
Por su parte, Naturgy, que hasta el momento era reticente a la extensión de la vida útil de la central al tener intereses distintos a las otras dos copropietarias, también se ha mostrado favorable a prolongar la actividad de Almaraz hasta 2030. En este sentido, su presidente, Francisco Reynés, subrayó el pasado 20 de octubre que conviene “volver a hacer los números”. Al considerar que “las cosas que han pasado por medio nos pueden hacer cambiar de opinión” respecto al cierre del parque nuclear.
Un descuento del 50%
Esas “cosas” son rebajas fiscales. La Junta de Extremadura dio un paso decisivo para fomentar la continuidad del complejo, al anunciar que las gestoras de la planta pagarán antes del 2029 un 50% menos de los impuestos correspondientes a la ecotasa autonómica que aportan actualmente. Esta reducción responde a una histórica reivindicación del partido de ultraderecha Vox, clave para la aprobación de los presupuestos autonómicos. Y supone un alivio fiscal para las eléctricas. A pesar de que algunas como Endesa registraron un incremento de sus beneficios el pasado año del 154%, hasta alcanzar los 1.888 millones.
En 2025, Almaraz abonará más de 80 millones, cifra que se irá reduciendo progresivamente hasta alcanzar los 45,2 millones en 2029, cuando se logrará el objetivo del 50% de descuento, según los datos del Ejecutivo regional. Tras el anuncio, María Guardiola, subrayó la importancia de la medida: “Queremos que Almaraz pueda seguir funcionando. Y esta rebaja fiscal es un paso en esa dirección”.
La medida recibió el apoyo de plataformas locales, que destacan el impacto sobre los 4.000 empleos directos e indirectos vinculados a la planta. Mientras, el PSOE de Extremadura ha criticado la decisión. El principal partido de la oposición en la autonomía acusó a la Junta de transferir recursos públicos a las eléctricas “a costa de servicios esenciales como sanidad y educación”.
Coste a los contribuyentes
La respuesta del Ejecutivo a la intención de Iberdrola, Endesa y Naturgy de solicitar conjuntamente la prolongación de la vida de Almaraz no se ha hecho de rogar. Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, dejó claro ayer que la continuidad de la central nuclear de Almaraz “no debe suponer un coste adicional para los contribuyentes”. En declaraciones a los medios, Quintana enfatizó que, además, “las empresas deben asumir los costes de la gestión de los residuos. Ya que están teniendo beneficios históricos en estos últimos años“.
En lo que va de 2025, las acciones de las tres compañías han mostrado un fuerte crecimiento en bolsa. Al cierre de la sesión de ayer, Iberdrola se anota una subida acumulada del 25%, Endesa del 38% y Naturgy del 11%. El alza refleja la fortaleza del sector energético, a la par que el contexto de rentabilidades extraordinarias que acompaña la discusión sobre la continuidad de Almaraz.
Por otro lado, el delegado del Gobierno reprochó, a su vez, a las eléctricas su demora en asistir a la junta de administradores de CNAT. “Llevábamos un año y las tres empresas han ido retrasando su asistencia mes a mes. Por ahí había que haber empezado en vez de tanto ruido inútil que no va a ningún sitio. Lo primero que tendrían que haber hecho es haberse reunido con tiempo“, zanjó.