La llegada de la jubilación de los boomers, nacidos entre los años 50 y los 70, ha vuelto a poner la sostenibilidad de las pensiones encima de la mesa. La última encuesta publicada por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), correspondiente a 2025, refleja un panorama inquietante. La población está preocupada por la suficiencia de sus futuras pensiones, pero al mismo tiempo muestra un desconocimiento llamativo sobre el funcionamiento del sistema. Esa carencia de información golpea con más fuerza a las mujeres. Ellas, que además de cobrar menos cuando se jubilen -debido a los salarios más bajos que perciben en la actualidad y a la asunción de empleos a media jornada-, saben menos de cómo se financia la pensión y qué cuantías se reparten que los hombres.
Los datos de la institución son contundentes. Solo una de cada 14 mujeres en España -el 7%-, entre los 18 y los 75 años, es capaz de responder correctamente a esas cuestiones. Entre los hombres la cifra se duplica hasta el 15%. El error más común es pensar que las pensiones se pagan con las cotizaciones que los pensionistas realizaron cuando trabajaban o con impuestos generales, cuando en realidad se financian con las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales.
Responsables
El desconocimiento tiene varios responsables. En 2013, el exsecretario de Estado Tomás Burgos anunció que el Gobierno se comprometía a remitir a partir del año siguiente una carta anual a los trabajadores de más de 50 años con una estimación de su pensión futura. La medida, que como ejercicio de transparencia permitiría a los trabajadores conocer la cuantía que percibirían al jubilarse, nunca llegó a cumplirse.
Donde sí se aplica esa normativa es en los países nórdicos. En Suecia, entre otros, la práctica está consolidada dentro del sistema de pensiones. Cada año los ciudadanos reciben lo que llaman el ‘sobre naranja’ de la Agencia Sueca de Pensiones. Un documento oficial que informa del historial acumulado de pensión pública, lo ganado hasta ese momento, qué fondos están implicados, cuál sería la pensión estimada si se sigue cotizando, etc.
Falta de interés
Sin embargo, Elisa Chuliá, investigadora de Funcas, explica que, a pesar del intento del Gobierno sueco, “el interés o la atención que prestan los ciudadanos a estas misivas es muy limitado y una parte significativa de los que lo reciben, ni siquiera lo consultan“. La investigadora justifica que “uno va retrasando los temas económicos que le van a afectar en 20 años. Y prioriza las preocupaciones actuales de la situación financiera familiar”. La predisposición de los estados a documentar y formar a su población es necesaria, aunque Chuliá matiza que es determinante que la ciudadanía “muestre interés legítimo en la materia”.
En este sentido, las mujeres, especialmente, tienen que cambiar su forma de pensar. A lo largo del informe, Funcas explica que ellas muestran mucho más desconocimiento que los hombres en sus respuestas. La investigadora defiende que esta coyuntura “se debe principalmente a que ellas tienen un mayor interés por las cuestiones sociales que económicas“. Aunque reconoce la incorporación tardía al mercado laboral como otro de los motivos. La brecha entre ambos sexos en edades más elevadas es aún más pronunciada. Aun así, Chuliá justifica que “la brecha se está corrigiendo, pero a un ritmo muy leve”.
En profundidad
Treinta años después de la aprobación del Pacto de Toledo, el sistema de pensiones español sigue en el centro del debate político y social. De manera desagregada, los datos de Funcas reflejan que dos de cada tres ciudadanos creen que la pensión media de jubilación es inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.180 euros brutos mensuales. La percepción choca con la realidad. En el pasado mes de agosto, la pensión de jubilación media ascendía a 1.507,5 euros, según datos de la Seguridad Social. Lo que supone una diferencia de casi un 30%.
Por otro lado, la suficiencia de una pensión futura despierta preocupación entre los encuestados. El 67% de la población afirma sentir mucha o bastante inquietud sobre la suficiencia de su retribución venidera. Entre las mujeres mayores de 60 años, el dato es algo superior. Un 71% reconoce que le preocupa no poder vivir con holgura cuando se jubile. El miedo a la precariedad se refleja en la percepción de la cuantía de las pensiones. De media siete de cada diez ciudadanos estima que el importe de las mismas disminuirá en los próximos diez años, con los jóvenes con una visión más pesimista, cerca de un 80%.
500.000
En consecuencia, la población activa ya empieza a tomar cartas en el asunto. Aunque de media el 87% de los trabajadores rechaza prolongar la edad de jubilación hasta los 70 años, siguiendo el ejemplo de Dinamarca, Funcas revela dos datos sorprendentes. La fundación estima que de los más de 8 millones de personas de la generación del baby boom aún activas en el mercado laboral en España, unas 500.000 se plantean prolongar su carrera más allá de los 67 años. Además, la encuesta revela que tres de cada 10 ciudadanos es favorable a la opción de cobrar la pensión y trabajar al mismo tiempo, una vez ya jubilados.
El rechazo a una jubilación más tardía es prácticamente unánime. Mientras, la esperanza de vida sigue aumentando -84 años de media- y la tasa de dependencia se dispara -se estima que alcanzará el 70,5% en 2050, según datos de la AIReF-. La pregunta que queda ahora sobre la mesa es cómo el Gobierno pretende garantizar que esta vida más larga no se pierda en más años de trabajo, sin comprometer la sostenibilidad del sistema.